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Versión estenográfica de la conferencia de prensa conjunta ofrecida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, y el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, sobre las acciones puestas en marcha para la atención de la problemát

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Versión estenográfica de la conferencia de prensa conjunta ofrecida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, y el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, sobre las acciones puestas en marcha para la atención de la problemática en la región carbonífera del estado de Coahuila, que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Economía.
 
México, D.F., 09 de agosto de 2012.
 
ROSALINDA VÉLEZ:
 
Buenas tardes señores representantes de los medios de comunicación. Gracias por haber atendido a nuestra invitación para esta rueda de prensa, en un tema que es fundamental para ambas secretarías, la seguridad laboral en las minas de carbón.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a mi cargo, y la Secretaría de Economía, que encabeza el Secretario Bruno Ferrari, hemos venido trabajando conjuntamente en torno a los operativos de inspección en minas y pozos en la región carbonífera del estado de Coahuila.
 
Como es bien sabido por todos, la minería es una actividad de alto riesgo en México y en todo el mundo. La minería subterránea de carbón, de manera muy particular, es una de las actividades que más comprometen la seguridad y la salud de los trabajadores mineros.
 
Por esta razón, la extracción de este mineral debe realizarse bajo reglas muy estrictas y siguiendo procedimientos rigurosos, para prevenir condiciones inseguras y accidentes, como los que recientemente se han producido y que, lamentablemente, han derivado en la pérdida de vidas humanas. No podemos permitir que el aprovechamiento de los recursos de la nación se realice a costa de vidas humanas así fuera una sola.
 
Al respecto, si bien los patrones son los responsables por mandato constitucional del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad en un centro de trabajo y de los accidentes que sufran los trabajadores, los titulares de las concesiones mineras, también tiene la obligación, en términos de la ley de sujetarse a las normas oficiales mexicanas relativas a la seguridad en las minas.
 
 
Por esta razón, las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía, hemos coordinado nuestras acciones y, al detectar incumplimientos que implican riesgos inminentes para la vida y la integridad física de los trabajadores, la autoridad laboral ha ordenado restricciones de acceso al centro de trabajo, y la autoridad minera ha determinado la suspensión de obras y de trabajos en el lote concesionado. Es decir, hemos sancionado el incumplimiento, no solamente al patrón, sino también al concesionario.
 
En el mismo sentido, el día de hoy, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó a la Secretaría de Economía, que en términos de sus atribuciones, suspenda de manera provisional o definitiva las obras y trabajos, e incluso, dé inicio a los procedimientos de cancelación de concesiones, en su caso, en los lotes mineros donde hemos ubicado minas y pozos de carbón, que han incurrido en violaciones graves a la normatividad.
 
La autoridad minera, atendiendo en forma oportuna a esta solicitud y compartiendo la preocupación por la seguridad de los trabajadores, en apego a la normatividad, ha ordenado la suspensión de obras y trabajos, de manera temporal o definitiva según corresponda e iniciará el procedimiento de cancelación en su caso.
 
Por lo pronto, se suspenderán las actividades mineras en los lotes donde se ubican 32 centros de trabajo en Coahuila, por haber violado las normas de seguridad laboral.
 
Es importante hacer notar que ningún trabajador deberá perder su empleo ni sus ingresos. Su relación de trabajo no se ve interrumpida por estas medidas. El objetivo no es que se deje de extraer carbón, sino que se haga de forma segura. Coahuila debe seguir siendo una región de vocación carbonífera, pero en condiciones dignas y seguras.
 
Lo anterior, es un paso más de la autoridad minera y la laboral en la necesidad de mantener y reforzar las acciones de vigilancia con el fin de constatar que los centros de trabajo de la región carbonífera de Coahuila brinden a sus empleados condiciones de higiene y seguridad para evitar accidentes fatales.
 
Estas medidas se suman a las acciones que se han venido realizando en años anteriores:
 
·        Desde el mes de marzo de 2009 hemos realizado más de  1,000 inspecciones a minas subterráneas de carbón y se han dictado más de 6 mil  medidas técnicas de seguridad e higiene, habiendo impuesto multas por más de 13 millones de pesos. En muchos casos, hemos trabajado en operativos conjuntos y en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
·        En lo que va de 2012, se han realizado 282 inspecciones a 239 centros de trabajo mineros en beneficio de más de 6 mil trabajadores. Asimismo se han dictado más de 600 medidas técnicas de seguridad y detectado 424 violaciones a la normatividad laboral.
·        En los casos más graves, se han decretado 41 restricciones de acceso de los trabajadores al lugar en donde desarrollan sus labores, por existir condiciones que ponen en peligro su vida o integridad física. También fueron retirados del interior de los pozos, 68 trabajadores cuyos patrones no acreditaron haberles otorgado la capacitación necesaria en materia de seguridad en el trabajo o que no contaban con el equipo de protección personal que se requiere para desempeñar sus funciones.
·        Se ha robustecido, además, el intercambio de información entre la STPS y la Secretaría de Economía, para contar con un censo cada vez más actualizado en minas y pozos de carbón en la zona.
·        Hay que recordar que, con el fin de reforzar las inspecciones a centros de trabajo de jurisdicción federal, en 2012 la STPS incrementó su plantilla de inspectores federales.
·        A nivel nacional, el número de inspectores federales del trabajo pasó de 218 al inicio de la Administración del Presidente Felipe Calderón, a 776 para este año (558 inspectores más). Por lo que se refiere a la región carbonífera en Coahuila, hemos pasado de 5 a 25 plazas de inspector, es decir, hemos quintuplicado el número de ellos.
·        Además, la Secretaría a mi cargo ha llevado a cabo  importantes acciones para promover y facilitar a los patrones el conocimiento, entendimiento y cumplimiento del marco normativo, y con ello, mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en minas y pozos de carbón del Estado de Coahuila, tales como talleres, cursos presenciales y virtuales y guías que faciliten su cumplimiento a los patrones.
·        El 23 de marzo de 2009 entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón, en cuya elaboración participaron representantes de los empleadores y trabajadores del sector minero, así como académicos y especialistas en la materia, que establece las condiciones mínimas de seguridad para los mineros.
·        La Secretaría del Trabajo también ha suscrito con la Comisión Nacional de Derechos Humanos un Convenio de Colaboración para capacitar y sensibilizar a funcionarios de la STPS en la protección de derechos humanos laborales.
·        Igualmente importante es que la STPS ha venido impulsando y reitera la la importancia de contar con un nuevo marco normativo laboral, que permita a la autoridad actuar de manera eficaz y oportuna ante condiciones de riesgo inminente para la vida o la integridad física de los trabajadores, y que le permita imponer sanciones contundentes y ejemplares ante la violación a la ley.
 
La Reforma Laboral, efectivamente, prevé incrementar los montos de las sanciones por infracciones a la Ley, pasando de 315 a 5 mil veces el salario mínimo general, es decir, de 19 mil pesos a más de 300 mil y fortalecer a la inspección federal del trabajo  dotándola de la facultad de clausurar un centro de trabajo en el que detecte condiciones de peligro o riesgo para la integridad de los trabajadores.
 
En el marco de estas acciones, ante la imposibilidad de que una sólo autoridad, en forma aislada, pudiera ordenar clausuras inmediatas e imponer sanciones contundentes, era necesario conjuntar esfuerzos. La medida que hoy les estamos anunciando, consistente en la suspensión de obras y trabajos e inclusive el inicio de procedimientos de cancelación de concesiones, es resultado de esta coordinación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y constituye un importante avance en las tareas para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de la región carbonifera del estado de Coahuila.
Muchas gracias.
 
BRUNO FERRARI:
 
Amigas, amigos de los medios de comunicación,  muy buenas tardes a todos.
 
La Secretaria Rosalinda Vélez ya les ha comentado las acciones coordinadas que el Gobierno Federal ha implementado para inspeccionar y en su caso sancionar – ambas dependencias – a los concesionarios que incurran en violaciones a la Ley; la Secretaría del Trabajo respecto del empleador y la Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minería, respecto al concesionario.
 
Es muy importante comentar con ustedes que las acciones que hoy les informamos se suman a una serie de iniciativas que hemos venido implementado y son parte de una estrategia del gobierno federal en estrecha colaboración con el gobierno del estado, para atender una problemática de la más alta prioridad: la seguridad de los trabajadores en sus centros de trabajo y el pleno cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y patrones.
 
En este sentido, la resolución del poder judicial federal a la que ha hecho referencia la Secretaria, como otras autoridades, y por la que se determinó confirmar la suspensión definitiva de obras ordenada por la autoridad minera a la empresa BINSA S.A. de C.V. – en donde, además, hay que recordarlo, perdieron la vida 14 personas y un menor resultó con lesiones de gravedad – es fundamental, pues confirma que el titular de la concesión minera es responsable junto con el patrón, esto es muy relevante, del incumplimiento de las normas laborales que se detecten en el centro de trabajo y responsable último de las obligaciones derivadas de la o las concesiones mineras de que se trate.
 
Para el caso en cuestión (BINSA), el fallo del poder judicial federal confirmó como responsables tanto al empleador como al concesionario respecto de lo ocurrido en ese centro de trabajo.
 
Entre otras acciones que hemos implementado para atender la problemática de la explotación del carbón en los llamados pocitos, es importante comentarles que en 2010, aparte de las cifras que ha dado mi colega la Secretaria Vélez, se realizaron 10 visitas; para 2011 incrementamos las visitas de inspección conjuntas STPS-SE, en 1000 por ciento, pasando de 10 a 100, y este año, 2012, se tienen en el programa de visitas en el Estado de Coahuila 400 visitas conjuntas en la región carbonífera.
 
No obstante estos esfuerzos – que son necesarios y contribuyen a la atención del problema – hay que decirlo, esto no ha sido suficiente, pues entre otras razones no contamos con la información precisa o necesaria sobre las cesiones de derechos de explotación que celebran los concesionarios y las nuevas operaciones que de ello derivan e incluso se modifican diariamente –  quizás recuerden que este fue uno de los diez puntos en los que propusimos (STPS y SE) durante nuestra comparecencia a los legisladores trabajar el año pasado para atender la problemática de la explotación mediante pozos de carbón .
 
Además de las acciones realizadas desde mayo de 2011 a la fecha, hoy se notificarán 32 suspensiones provisionales y definitivas de obras y trabajos, en centros de trabajo minero. Estas suspensiones derivan de la solicitud que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó a la Secretaría de Economía, motivada por la determinación de incumplimiento a la norma de seguridad en el trabajo en minas de carbón (NOM-032-STPS).
 
Aquí es importante decirles que el objetivo que perseguimos con esto es lograr que los concesionarios y patrones garanticen el cumplimiento de todas las normas en los centros de trabajo y que los trabajadores puedan desempeñar sus labores de manera segura. En este sentido, las suspensiones notificadas se mantendrán hasta que sean restablecidas las condiciones de seguridad en el trabajo – lo cual deberá ser inspeccionado y avalado por la Secretaría del Trabajo de acuerdo a sus facultades – y en caso de que no se cumpla esto, procederemos de acuerdo a nuestras facultades a la suspensión definitiva y se iniciarán los respectivos procesos de cancelación de la o las concesiones de que se trate.
 
En este sentido, como una de las acciones de la Secretaría de Economía, hemos iniciado requerimientos de información a todos los productores de carbón en esta región de Coahuila para que cumplan en informarnos qué contratos tienen celebrados dentro de su concesión para extraer carbón, y el número y tipo de obras en la o las concesiones de las que son titulares, así como los pozos y las coordenadas geográficas de sus operaciones.
 
Hemos hablado varias veces que esta se abre constantemente, que migran de un día para otro, y precisamente por ello se está requiriendo esta información.
 
Esta información se solicitará regularmente por la autoridad minera para dar un seguimiento constante y eficaz, en colaboración con las autoridades estatales y locales, con quienes nos hemos reunido ya la semana pasada, y hemos trabajado en esto, para poder tener también estas acciones perfectamente coordinadas. Al desarrollo de las operaciones mineras se le estará verificando, y con ello poder incidir en la prevención de accidentes, incrementando la seguridad, que es lo más importante de todo, de los trabajadores mineros. Esta disposición es de vital importancia, por ello su incumplimiento podría derivar en sanciones que lleguen inclusive a la cancelación de la concesión minera.
 
En esta administración hemos atendido con urgencia la problemática de la seguridad en los centros de trabajo minero, pues la seguridad e integridad física de los trabajadores son la prioridad. Por ello, seguiremos trabajando de manera coordinada entre las dependencias del gobierno federal y, subrayo, en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y locales para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y concesionarios mineros, así como requiriendo información y sancionando con todo el peso de la ley a quienes no cumplan con la normatividad aplicable.
 
Para que todas estas acciones, tengan un mayor impacto y contundencia, se requiere la participación de todos los involucrados en la seguridad de nuestros mineros, familias, gobiernos, empleadores, concesionarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y legisladores, pues todos podemos contribuir a prevenir y evitar accidentes, cada uno en su ámbito es capaz de realizar acciones que permitan tener operaciones mineras más seguras, ya sea verificando, sancionando, dando información que permita a las autoridades realizar su labor y dar el seguimiento a las operaciones a fin de prevenir accidentes.
 
Por ello, en el gobierno federal nos hemos dado a la tarea de atender esta situación de manera integral y coordinada, con una estrategia que considera un paquete de propuestas respecto de las normas que regulan la actividad minera del carbón, así como otras que las complementen, robusteciendo nuestro marco normativo y haciendo más seguras las operaciones mineras de carbón.
 
Estas medidas normativas deben observar la especial naturaleza de la minería de carbón, identificándola como una actividad que requiere tratamiento diferente del resto de la minería del país.
 
Primero: Se propone que los concesionarios registren todos sus contratos relacionados a la actividad minera, cosa que no se hace, y rindan informes de actividades. Esto aplicando sanciones severas por dichos incumplimientos.
 
Segundo: Brindar facultades a las autoridades competentes para que realicen visitas para la suspensión inminente de actividades. Al día de hoy cuando se hacen las visitas previamente tenemos que avisar que vamos a hacer esas visitas. Se imaginarán que no siempre las cosas son iguales antes o después de la notificación de una visita.
 
Tercero: Propuesta para elevar ingresos por el aprovechamiento de recursos minerales, aumentando el pago por derecho superficiario, a fin de evitar especulación, simplificar el pago, aumentar recaudación y  destinar parte de lo recaudado para la vigilancia de esas mismas normas.
 
Cuarto: Incorporar como requisito previo al otorgamiento de concesiones mineras la figura de utilidad pública y beneficio a la Nación.
 
Quinto: A su vez, incluir el plan de recuperación ambiental y un fondo probado para instrumentarlo. Actualmente pues mientras la minería resulta rentable se sigue trabajando en ella, cuando no, se abandona, se requiere una remediación en ese sentido de esos terrenos.
 
Sexto: Revisar las condiciones en las que una concesión puede recuperarse, cuando fue cancelada por incumplimiento de normas y la revisión de multas y sanciones. Aquí también hoy se cancela la suspensión, pero la pueden pedir al día siguiente. Por eso es muy importante, y les repito, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya hablamos en nuestra comparecencia el año pasado.
 
Séptimo: En el caso específico del carbón, a través del gobierno estatal y municipal controlar las autorizaciones para el inicio de obras en donde se pretenda explotar carbón a través de pozos. Eso también es importante, de dotarles a ellos de esta fuerza.
 
Octavo: Efectuar clausuras por protección civil cuando se detecten riesgos por la seguridad de las personas.
 
Noveno: Coadyuvar en la permanencia de las suspensiones que impone la autoridad federal.
 
Décimo: Algo fundamental es valorar la inclusión de penas privativas de libertad a fin de inhibir actos de negligencia patronal respecto a la seguridad de los trabajadores. Miren, me voy a atrever a citar incluso un ejemplo, un caso que muestra la importancia de esto es el lamentable accidente que sucedió en el pozo de carbón propiedad de la mina “La Escondida fracción II, Fracción E” explotada por Mineral el Progreso S.A. de C.V. (patrón), cuyo titular de la concesión es David Armando Morales Yutani, en la que se incurrió en acciones, y hay que decirlo con todas sus letras, es importante que lo sepa la opinión pública, acciones como el registro post mortem ante el IMSS de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Se registró después de que estas personas estaban muertas, es decir, no habían, primero no había registradas, y segundo, se registró a las mismas después de que habían muerto.
 
Sin embargo, démonos cuenta que por ejemplo esto, que lo tendrá que atender el Seguro Social, en principio ni siquiera configuraría un delito grave, aunque podríamos estar hablando de un fraude.
 
Se requieren sanciones ejemplares, se requiere obrar con fuerza y firmeza, porque estamos hablando de vidas humanas y quienes no les dan las condiciones laborales necesarias están cometiendo crímenes y la ley no puede ser un refugio para que se escondan estas personas.
 
Décimo primero: revisar la normatividad aplicable a la seguridad laboral en la extracción de carbón subterráneo.
 
La actividad minera es sustento de millones de familias y es un motor de la actividad económica del país (4.9% del PIB y la cuarta fuente de divisas del país). Por eso hay que tratarla con cuidado, pero siempre cuidando sobre todo la vida de quienes en ella trabajan. Es imperativo lograr que este potencial sea aprovechado sin escatimar esfuerzo o recurso para garantizar la seguridad de los trabajadores de esta importante industria.
 
Estas medidas deben observarse como una estrategia integral para aumentar la seguridad en las condiciones de trabajo y a su vez fortalecer la explotación segura del carbón en esta región, la cual provee cerca del 95% de este mineral al país y es la fuente más importante de empleo en esa zona, es decir, cinco municipios.
 
A su vez, estamos flexibilizando el esquema de otorgamiento de financiamiento a los mineros en la región para mejorar las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores.
 
La posición del gobierno federal es indeclinable: la colaboración entre todos los órdenes del gobierno es indispensable para trabajar con la industria en el logro de mejores condiciones de seguridad laboral que deberán redundar en una mayor productividad de los centros de trabajo.
 
Con estas acciones y con el compromiso de todos, lograremos la seguridad laboral necesaria para el óptimo aprovechamiento de nuestro potencial minero, particularmente en la región carbonífera de Coahuila.
 
Muchísimas gracias.

 

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